El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha implementado cambios significativos en la estructura de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo cual tiene implicaciones tanto administrativas como políticas.
Redistribución de competencias
El Acuerdo General Nº 25/26, adoptado recientemente, establece que el Juzgado de Ejecución de Concordia deberá remitir al Juzgado de Gualeguaychú todos los legajos de condenas provenientes del Departamento Uruguay. Este movimiento implica una readecuación de la competencia territorial, que no debe ser subestimada en su impacto.
Cambio en la estructura judicial de Paraná
Además, el acuerdo prevé que el cargo de juez de Garantías de Paraná, que quedará vacante, será temporalmente reasignado para ejercer funciones en Ejecución de Penas. Esto significa que, por un tiempo, Paraná contará con dos magistraturas que manejarán temas de ejecución penal, lo que genera interrogantes sobre la distribución de causas entre ambos jueces.
Contexto de la reforma
Este ajuste se produce en un momento crítico, ya que Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, está cumpliendo una condena firme por delitos contra la administración pública. La decisión del STJ está enmarcada en un contexto judicial inédito que ha llevado a la atención pública hacia la ejecución de penas y su supervisión.
Implicaciones para el futuro
A medida que se implementen estos cambios, será crucial observar cómo se regulará la distribución de las causas entre los dos magistrados en Paraná. La falta de claridad en este aspecto podría generar confusiones y afectar la administración de justicia en la región.
Fuente: El Entre Ríos
