El Gobierno de Entre Ríos ha dado luz verde a un proyecto de excavaciones y prospección arqueológica que se llevará a cabo en varios departamentos de la provincia. Este trabajo es parte del proyecto científico denominado “Poblamiento temprano del Nordeste argentino”.
Las investigaciones abarcarán áreas de los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Villaguay y Gualeguaychú. La autorización ha sido concedida a los investigadores Juan Carlos Castro y Mariano Bonomo, quienes pertenecen al Museo de Ciencias Naturales y a la Universidad Nacional de La Plata, respectivamente.
El objetivo del proyecto es proporcionar información científica sobre los primeros pobladores del Nordeste argentino, cumpliendo con las normativas de protección del patrimonio arqueológico a nivel nacional y provincial.
Se firmó un decreto que avala un convenio que permite a los investigadores realizar prospecciones arqueológicas y sondeos en un área previamente determinada. Además, se concede un derecho exclusivo para realizar excavaciones sistemáticas en nueve puntos específicos, que fueron fijados mediante coordenadas geográficas.
La región de estudio se extiende entre varios límites: al norte el río Mocoretá y el límite con Corrientes; al este el río Uruguay y la frontera con Uruguay; al oeste los límites de los departamentos implicados, y al sur la latitud de la comuna de Perdices, en Gualeguaychú.
Algunas de las zonas a investigar incluyen la Isla Boca Chica, ubicada en el departamento Colón sobre el río Uruguay, y un área rural del departamento Villaguay, cercana a la ciudad cabecera. En esta última, las coordenadas coinciden con la ubicación de la Escuela Nº 9 Carlos Nogueira.
Es importante destacar que los investigadores deben obtener permiso de los propietarios de los terrenos antes de iniciar las excavaciones. Además, los materiales recuperados se considerarán bienes del dominio público de la provincia y serán entregados al Museo de Ciencias Naturales una vez finalizada la investigación. El convenio tiene una duración de tres años y sus costos serán cubiertos por los investigadores, sin que esto genere obligaciones laborales para el Gobierno provincial.
Fuente: Ahora
